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Hugo Bravo presentó acción en la justicia laboral por su despido:

Ex ejecutivo demanda a Penta en más de $2.300 millones




   

El caso Penta llegó ahora a la justicia laboral. Esto luego que el ex ejecutivo del holding Hugo Bravo demandara a los dueños del grupo, Carlos Délano y Carlos Lavín, por "despido injustificado" e iniciara un procedimiento de tutela porque, a su juicio, le adeudan -entre otras cosas- cotizaciones previsionales e indemnizaciones, todo por un monto que, sumado al daño moral que exige en el escrito, supera los $2.300 millones.

A esa cantidad, según la acción legal, hay que agregar reajuste e intereses, las costas de la causa, además de indemnizaciones anteriores y otra sancionatoria de tipo discrecional.

Según la presentación, su última remuneración mensual fue de $35.700.000.

Además, los abogados del ex ejecutivo, Gonzalo Raggio y Bernardo Jaramillo, piden que los dueños expresen disculpas públicas en un medio de comunicación, y que se condene a la sociedad al máximo de las multas que la ley permite. Los profesionales sostienen en la demanda que Bravo trabajaba desde 1985 en el Grupo Penta y que prestó servicios ininterrumpidamente hasta su despido, el 29 de julio de 2014, mientras cumplía funciones de gerente general de Inversiones Penta III Ltda.

Fórmula de pagos

En la presentación describen que el holding tenía una "fórmula de pago de remuneraciones, parte en liquidaciones y parte en facturas". En el caso de Bravo, dicen que en una parte de la remuneración no constaban las liquidaciones y se pagaba "con la emisión de facturas exentas emitidas por sociedades de propiedad del denunciante, como son Inversiones Administraciones y Asesorías Challico S.A. y Administraciones e Inversiones Santa Sarella Limitada, por supuestos servicios de asesorías emitidas a diversas sociedades del Grupo Penta".

Estas facturas eran "llenadas de puño y letra por el tesorero de las empresas y no por parte del denunciante (Bravo)", sostienen.

Agregan que esta fórmula "era común" para todos los más altos ejecutivos del Grupo e incluso al junior de confianza de los socios controladores "se le pagaba una parte mediante la respectiva liquidación y otra parte con boletas de su señora".

Esta forma de pago se mantuvo hasta junio de este año, cuando explotó por la prensa el caso FUT y se incorporó a la liquidación bajo la nomenclatura de "otros haberes imponibles".

Rol del martillero

En la demanda se sostiene que el único error que cometió Bravo, "inducido por un tercero de nombre Jorge Valdivia (martillero público que falleció en julio de este año, y que es pieza clave del caso FUT), fue el haber creído en la legitimidad de ciertas actuaciones tendientes a la obtención de mejoras tributarias para dos de sus sociedades personales, las que no forman parte del Grupo Penta, las que a la postre se manifestaron como acciones que no correspondían, por lo cual y luego de haberse dado cuenta de ello, devolvió con creces lo obtenido por dichas sociedades". Agrega que también Valdivia realizó gestiones "no tan solo para los socios Délano y Lavín y sus respectivas familias, sino que para muchos trabajadores de primer nivel" de estas empresas. En la demanda aseguró que Valdivia realizó gestiones ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y quien recibía las boletas por estos servicios era "Marcos Castro, contador del Grupo Penta, contador de confianza".

Grabaciones

Los abogados atribuyen el despido de Bravo a dos objetivos: "la obtención de sus prestaciones derivadas del término de su contrato de trabajo y, el segundo, utilizarlo como chivo expiatorio y cortina de humo de endilgarle a este toda la responsabilidad".

El finiquito se suscribió el 28 de julio y según la demanda es "abiertamente pernicioso y perjudicial para el denunciante. Qué duda cabe, un profesional que en esos instantes se encontraba privado de la debida sanidad mental, las presiones a las que fue sometido y el pronunciamiento del compromiso de Délano y Lavín que no se preocupara, que de todas maneras se le iba a pagar todo, es la mejor demostración de por qué lo suscribe".

Agregan en el documento que las actuaciones contra su representado pueden ser demostradas mediante una pista de audio de la reunión de 7 de septiembre pasado, realizada en la casa de Bravo, a la que asistió Lavín acompañado de uno de sus hijos. En ella, Bravo le recuerda el compromiso de pago de indemnización, a lo que Lavín contesta "(...) Bueno, ya por eso traje testigo pa que por los menos haya alguien (...) por los pagos, no te preocupís, te la vamos a pagar 'toa', pero véanlo eso con Fello (...) según él que se iba a preocupar, pa hacer una movidas, una triangulación (...)", aclarándose en la presentación que "Fello" es el abogado Alfredo Alcaíno.

En esa misma reunión, reseña la acción, se habría hablado de otros temas. Entre ellos, la forma estratégica de enfrentar al SII en lo que por entonces se denominó "arista política" del caso Penta.

En ese contexto -dice la demanda- "no es razonable ni menos creíble que el denunciante haya por sí y ante sí adoptado la decisión de efectuar 'pagos extraordinarios' mediante la emisión de boletas de honorarios a terceros por servicios que jamás fueron prestados al grupo y por los montos que describe la prensa a diversos políticos del país, sin que ello fuera el cumplimiento de una instrucción directa y concertada de los socios controladores del holding".

Añade la acción que en este encuentro además se conversó respecto "del reconocimiento de otras afirmaciones que corresponden a recientes aristas del denominado caso 'Cascadas'".

Por todo lo anterior, entre otros asuntos descritos, se plantea que estas acciones apuntan, primero, a evitar el pago de las indemnizaciones correspondientes y, segundo, a "trasladar la responsabilidad y desplazar el foco de atención en el denunciante".

Llamado telefónico

Sostienen en la demanda que, el 9 de septiembre, cerca de las 22:00, Carlos Eugenio Lavín se comunica vía telefónica desde el teléfono de red fija de su domicilio con el número celular de prepago Entel del denunciante, solicitándole "que tuviera la delicadeza de no declarar ante el Ministerio Público, la pregunta que se formula es ¿por qué?", reseña el documento.

INDAGATORIA

El fiscal nacional ordenó investigar las presuntas filtraciones del caso FUT.

 



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